Noticias
En
Aventura Empresarial...
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La AABI contó con una
importante representación durante el 
evento presentado por el Caguas Board of Realtors
"Aventura Empresarial 2010”. Milton E. Serrano, presidente de la AABI, ofreció una de las
charlas de este evento titulada: Actualiza tus Expectativas en el Arrendamiento.
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La conferencia dictada
el 9 de abril en el Centro de Bellas Artes de Caguas se distinguió por llevar
un mensaje actual sobre la situación del arrendamiento inmobiliario en el País.
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"Quisimos mostrar la necesidad que tenemos de replantear el arrendamiento
inmobiliario para ayudar a sufragar la necesidad de vivienda y la calidad de
vida de los puertorriqueños. El alquiler es una verdadera alternativa para
echar adelante la situación económica que vive la isla", indicó Serrano
durante su conferencia.
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Aventura empresarial sirvió de enlace
educativo a todos los
profesionales relacionados a la industria de bienes
raíces y
ejecutivos de venta, así como también ofreció orientación al
público
general al contar con la participación de varias
instituciones bancarias que
ofrecieron alternativas a los
asistentes según las exigencias del mercado actual.
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La Asociación de Arrendadores felicita al Caguas Board of
Realtors por este acertado y exitoso evento.
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La Reforma Laboral: Repunte económico para la economía de P.R.
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El pasado 14 de abril, la Asociación de Arrendadores (AABI) participó de la reunión del Consejo de Asociaciones Afiliadas a la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).
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La actividad se llevó a cabo con el propósito de informar a las Asociaciones Afiliadas sobre el estado en el que se encuentra la Reforma Laboral, al mismo tiempo que se solicitó el endoso de las mismas para llevarla a cabo.
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La reunión fue dirigida por el Sr. Jorge Galliano, presidente de la CCPR y contó además con la participación del Lcdo. Cirilo Cruz, quien orientó a los presentes sobre el “Proceso Legislativo” y el Lcdo. Jorge L. Capó, quien hizo hincapié sobre “La Reforma Laboral”.
Ombudsman confirma querellas contra AAA
- Por Brenda A. Vázquez Colón - El Vocero
- 12 de febrero de 2010
La Oficina del Ombudsman reveló que en el último año y medio se
han presentado alrededor de 300 querellas de dueños de
propiedades o arrendadores que acusan a agencias como la Autoridad de
Acueductos Alcantarillados (AAA) por cobrarles deudas que no les
pertenecen.
Según Kevin Miguel Rivera, procurador interino del Ombusman, la AAA le está cobrando a
los arrendadores o dueños de propiedades las deudas que dejan sus inquilinos y que en
algunos casos ascienden a miles de dólares.
“La AAA tiene diversos mecanismos para cobrar deudas, pero ninguno incluye poder cobrarle a un dueño de propiedad lo que debe su inquilino porque las deudas son personales. Además, no podemos permitir que no se conecte un servicio esencial por la falta de otra persona. Tenemos querellas de deudas residenciales y comerciales entre $2,000, $5,000 y $8,000 y sabemos de algunas personas que no presentan sus casos porque prefieren pagar el total del dinero antes de pasar por el largo proceso de impugnar una querella”, indicó Rivera.
Esta situación fue revelada hace algunos meses por la Asociación de Arrendadores, que recientemente se reunió con el Ombusman. En esa ocasión 68 personas se quejaron por el cobro de las deudas de sus antiguos arrendatarios, lo cual complica aún más la difícil situación económica que enfrenta el mercado de bienes raíces y la industria de la construcción, ya que muchas de las personas que no pueden vender sus propiedades recurren a rentarlas para poder pagar sus hipotecas y no perder la propiedad.
“Aparte del problema de dinero, los arrendadores se quejan de no poder alquilar las propiedades, porque la AAA no les permite conectar un nuevo servicio sin liquidar la deuda que deben cobrarle a la persona que abrió la cuenta porque ellos tienen su información. Yo recomiendo que incluyan en los contratos de arrendamiento una cláusula que diga que el inquilino se hace cargo de abrir una cuenta con la AAA y Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, comentó el procurador interino.
Por otro lado, éste aseguró que las oficinas del Mega Censo, donde se han recibido la mayoría de las quejas, se abrió para registrar a todas las personas que reciben los servicios de AAA y no para cobrarle deudas a los abonados. “Yo le hago un llamado a Mega Censo para que se vuelvan a enfocar en el propósito original. Esta situación está paralizando el movimiento económico de la renta de propiedades por lo que se aguanta el desarrollo de Puerto Rico”, añadió Rivera.
Por su parte, Edgar Mártir, gerente de Servicio al Cliente de la AAA, aseguró que Mega Censo opera para registrar a los usuarios de los servicios de agua y que luego de estas investigaciones, se encarga de cobrar por el servicio legal de AAA. “En cuanto a las querellas del Ombusman, las que hemos recibido son de casos de dueños de propiedades que tienen a su nombre el servicio de agua, por lo que los inquilinos se aprovechan y dejan la propiedad sin saldar la deuda”, aseguró Mártir.
Con buenas expectativas el mercado del alquiler
- Por Brenda A. Vázquez Colón - El Vocero
- 4 de enero de 2010
A pesar de que la industria de la construcción y los bienes raíces han atravesado por un año muy difícil, que al parecer continuará durante el 2010, se proyecta que el mercado del arriendo tendrá un excelente año.
Esta tendencia se debe a la dificultad de los ciudadanos en poder adquirir una casa propia porque la banca cada día es más exigente al momento de aprobar un préstamo hipotecario, debido a la desconfianza en la economía y por la inestabilidad en el sector laboral. Por estas razones, cada vez son más las personas que recurren a vivir en una vivienda alquilada por la imposibilidad de encontrar una propiedad que esté al alcance de sus ingresos o por no querer arriesgarse a tener una hipoteca en momentos de crisis económica.
Según Milton Serrano, hijo, presidente de la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico, el mercado del alquiler se ha visto beneficiado con la crisis de la banca y los bienes raíces. “La difícil situación económica de la banca hipotecaria hace que haya dificultad para adquirir una propiedad, por lo que el mercado de arrendamiento se beneficia y muchas personas recurren a esta opción. Personas de bajos recursos económicos, clase media e incluso clase alta porque sus propiedades han devaluado”, explicó Serrano.
También indicó que la gente tiene miedo de realizar inversiones por la inestabilidad económica y que por tal razón son más selectivas al momento de invertir su dinero. “Aunque los bancos tengan intereses atractivos, muchas personas no tienen ahorros y eligen el alquiler. En el 2009 la cantidad de mis clientes interesados en rentar una propiedad fue tres veces más alta que la de los clientes del 2008”, comentó el Presidente.
Serrano añadió que otra situación que ha afectado positivamente al mercado del arrendamiento es que muchos dueños de propiedades costosas se han visto en la obligación de rentar sus casas a un precio muy por debajo del valor de la propiedad, una situación que aprovechan quienes quieren vivir en un hogar de lujo sin tener la responsabilidad de una hipoteca.
Por otra parte, el corredor de bienes raíces que se convirtió en presidente de la Asociación en julio de este año, aseguró que durante el 2010 trabajará para velar por los beneficios e intereses de la industria del arrendamiento. Además, la Asociación añadirá beneficios a los socios como descuentos e información de comparables de propiedades, así como la creación de un Comité de Propuestas con ideas para desarrollar y mejorar la industria de los bienes raíces.
Esta tendencia se debe a la dificultad de los ciudadanos en poder adquirir una casa propia porque la banca cada día es más exigente al momento de aprobar un préstamo hipotecario, debido a la desconfianza en la economía y por la inestabilidad en el sector laboral. Por estas razones, cada vez son más las personas que recurren a vivir en una vivienda alquilada por la imposibilidad de encontrar una propiedad que esté al alcance de sus ingresos o por no querer arriesgarse a tener una hipoteca en momentos de crisis económica.
Según Milton Serrano, hijo, presidente de la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico, el mercado del alquiler se ha visto beneficiado con la crisis de la banca y los bienes raíces. “La difícil situación económica de la banca hipotecaria hace que haya dificultad para adquirir una propiedad, por lo que el mercado de arrendamiento se beneficia y muchas personas recurren a esta opción. Personas de bajos recursos económicos, clase media e incluso clase alta porque sus propiedades han devaluado”, explicó Serrano.
También indicó que la gente tiene miedo de realizar inversiones por la inestabilidad económica y que por tal razón son más selectivas al momento de invertir su dinero. “Aunque los bancos tengan intereses atractivos, muchas personas no tienen ahorros y eligen el alquiler. En el 2009 la cantidad de mis clientes interesados en rentar una propiedad fue tres veces más alta que la de los clientes del 2008”, comentó el Presidente.
Serrano añadió que otra situación que ha afectado positivamente al mercado del arrendamiento es que muchos dueños de propiedades costosas se han visto en la obligación de rentar sus casas a un precio muy por debajo del valor de la propiedad, una situación que aprovechan quienes quieren vivir en un hogar de lujo sin tener la responsabilidad de una hipoteca.
Por otra parte, el corredor de bienes raíces que se convirtió en presidente de la Asociación en julio de este año, aseguró que durante el 2010 trabajará para velar por los beneficios e intereses de la industria del arrendamiento. Además, la Asociación añadirá beneficios a los socios como descuentos e información de comparables de propiedades, así como la creación de un Comité de Propuestas con ideas para desarrollar y mejorar la industria de los bienes raíces.
Nota de A para Sección 8 en la Isla
- Por Ileanexis Vera Rosado - El Vocero
- 30 de diciembre de 2009
El Departamento de la Vivienda Federal (HUD por sus siglas en inglés)
calificó favorablemente a la administración del Departamento de la
Vivienda de Puerto Rico en el Programa Sección 8, al otorgarle, por
primera vez en la historia del programa, puntuaciones altas en la
evaluación que la agencia federal realiza anualmente.
Sin embargo, representantes del sector de arrendamiento de propiedades aseguran que cada año se pierden fondos de Sección 8. En Puerto Rico se benefician actualmente del programa 8,645 familias, con un presupuesto de $44 millones anuales.
El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Yesef Y. Cordero Lebrón, señaló que Vivienda Federal evaluó en los pasados meses la administración del programa y le concedió puntuaciones de cerca del 97% en casi todos los indicadores que forman parte de la evaluación, como: lista de espera, cánones de arrendamiento y determinación de ingresos, entre otros.
El funcionario señaló que los resultados responden a los cambios que realizó este Gobierno en la administración del programa, entre los que destacó el seguimiento estricto que se le da a cada uno de los casos que llegan a la Secretaria de Subsidio del DV.
Cordero Lebrón dijo que todos esos cambios han provocado que de una evaluación general de 83% en el 2008, este año la agencia haya obtenido un 90%. “Las evaluaciones positivas colocan a Puerto Rico en una mejor posición para solicitar un aumento de fondos en este renglón, que sirven para atender la necesidad de vivienda de miles de familias puertorriqueñas. Tal y como se comprometió este gobierno, hemos establecido los pasos necesarios para cumplir con los estándares del Gobierno federal en la implantación de sus programas. Eso no sólo significa estabilidad a la hora de recibir esos fondos, sino que evidencia que estamos ofreciendo los mejores servicios a nuestra gente.”
Además, se informó que continuarán implantando los cambios que sean necesarios para mejorar los servicios y, por ende, asegurar que las familias puedan contar con un hogar seguro. “Esto no sólo se trata de obtener buenas puntuaciones, se trata de facilitarles a las familias de una vivienda digna y segura. Ese es el compromiso de la Administración del gobernador Luis Fortuño, y así lo estamos cumpliendo.”
Por su parte, Milton Serrano, presidente de la Asociación de Arrendadores, indicó que anualmente se pierden miles de vales en la Isla, lo que reduce las cuantías designadas para esos fines, en momentos donde la necesidad de hogares continúa en ascenso. El pasado año, se dejaron de utilizar 5,000 vales porque los participantes del programa no pudieron presentar la documentación requerida a tiempo. En la actualidad, municipios como Arecibo poseen una necesidad de alrededor de 150 propiedades para alquilarse bajo dicho programa.
Proyecciones para la industria de los bienes raíces en el 2010
- Por Milton E. Serrano/Especial para Bienes Raíces END
- 27 de diciembre de 2009
En el 2010 veremos una leve mejoría, alentada por los bajos intereses
hipotecarios.
En otras palabras, se podrá interpretar como el comienzo o la ruta para la
estabilización de la industria inmobiliaria. Por lo tanto, será a finales del 2010 y
comienzos del 2011 que estaremos palpando el proceso de la recuperación
inmobiliaria en Puerto Rico.
Pero, para tener una idea más amplia de cómo se comportará el mercado, Brendalí Sierra, presidenta de Brendalí Sierra & Associates Appraisers and Consultants y experta en la industria de los bienes raíces ofreció sus proyecciones, predicciones y opinión.
''Nos encontramos en un ciclo histórico. Tenemos que salir en la búsqueda de alternativas que reduzcan la oferta. Las tendencias y cambios a energía renovable mejor conocidas como 'green' deberán formar parte de nuestras estrategias en la industria inmobiliaria'', dijo Sierra.
Por eso, debemos tomar las experiencias de estos últimos años como una nueva guía para hacer negocios en el futuro. Tenemos que comenzar a conocer mejor los mercados y sectores en los que deseamos a invertir. Recuerde siempre escuchar el mercado; el mercado le habla.
El arrendamiento inmobiliario residencial se ha convertido en un eslabón bien importante en estos tiempos y lo seguirá siendo mientras el mercado de compraventa siga afectado. Estas residencias se han convertido en los techos seguros temporeros para las familias que por situaciones económicas o pérdida de empleo han perdido sus hogares.
El 2010 será el camino a la recuperación, pero este depende de todos nosotros. Es el momento idóneo para invertir en esta industria.
AAA aclara cobro de deudas
- Por Brenda A. Vázquez Colón - El Vocero
- 11 de diciembre de 2009
La Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA) desmiente que esté cobrando a los dueños de propiedades las facturas de sus pasados inquilinos, como denunció la Asociación de Arrendadores.
Según explicó Gustavo Marín, director auxiliar de Servicio al Cliente de la AAA, cuando hay una cuenta registrada con una deuda pendiente, el Departamento de Servicio al Cliente de la AAA lleva a cabo el intento de cobro exclusivamente con la persona que tiene dicha cuenta bajo su nombre, ya sea propietario, arrendador o inquilino.
El Director también desmintió las expresiones de Pedro Viera, vicepresidente de la Asociación, quien aseguró que en ocasiones la AAA cierra el contador de agua de la propiedad varios meses después de que el inquilino cancela la cuenta con AAA, lo que hace que la deuda aumente y le cobren más dinero a los dueños de las residencias que no son responsables de dichos pagos.
“Algunos arrendadores, con el propósito de alquilar sus residencias, cierran la cuenta bajo su nombre y le exige contractualmente al inquilino que cree una cuenta con la AAA para pagar por el servicio de agua que recibirá. Luego de cerrar esa cuenta, la AAA corta el servicio y cierra la llave de paso hacia esa residencia”, explicó Marín, quien añadió que cuando el inquilino solicita la creación de una cuenta nueva, la AAA abre la llave de paso y restablece el servicio.
En los casos en que el inquilino no crea una cuenta nueva con la AAA bajo su nombre, pero continúa recibiendo agua, la Autoridad llevará a cabo intentos de cobro con el dueño de la propiedad. “La AAA hará responsable al inquilino de los cargos y multas que correspondan siempre y cuando el dueño de la propiedad muestre documentación legal, como copia del contrato de alquiler. Entonces el dueño pone a la AAA en posición de cobrarle al inquilino”, comentó el director auxiliar.
En el caso de que el dueño no pueda proveer los documentos o tenga un pleito legal con su inquilino, la AAA realiza intentos de cobro al dueño de la propiedad e inquilino. A través del proceso apelativo correspondiente a estos casos, un ente externo dilucidará a quién le corresponden los cargos pendientes.
Sobre los documentos que se exigen para firmar un contrato de renta bajo Sección 8, Marín explicó que es el potencial inquilino quien solicita una certificación de no deuda con la AAA y no el dueño de la propiedad. Una vez se solicite el documento, la Autoridad evalúa si el individuo tiene una deuda bajo su nombre o una en proceso de adjudicación.
Según explicó Gustavo Marín, director auxiliar de Servicio al Cliente de la AAA, cuando hay una cuenta registrada con una deuda pendiente, el Departamento de Servicio al Cliente de la AAA lleva a cabo el intento de cobro exclusivamente con la persona que tiene dicha cuenta bajo su nombre, ya sea propietario, arrendador o inquilino.
El Director también desmintió las expresiones de Pedro Viera, vicepresidente de la Asociación, quien aseguró que en ocasiones la AAA cierra el contador de agua de la propiedad varios meses después de que el inquilino cancela la cuenta con AAA, lo que hace que la deuda aumente y le cobren más dinero a los dueños de las residencias que no son responsables de dichos pagos.
“Algunos arrendadores, con el propósito de alquilar sus residencias, cierran la cuenta bajo su nombre y le exige contractualmente al inquilino que cree una cuenta con la AAA para pagar por el servicio de agua que recibirá. Luego de cerrar esa cuenta, la AAA corta el servicio y cierra la llave de paso hacia esa residencia”, explicó Marín, quien añadió que cuando el inquilino solicita la creación de una cuenta nueva, la AAA abre la llave de paso y restablece el servicio.
En los casos en que el inquilino no crea una cuenta nueva con la AAA bajo su nombre, pero continúa recibiendo agua, la Autoridad llevará a cabo intentos de cobro con el dueño de la propiedad. “La AAA hará responsable al inquilino de los cargos y multas que correspondan siempre y cuando el dueño de la propiedad muestre documentación legal, como copia del contrato de alquiler. Entonces el dueño pone a la AAA en posición de cobrarle al inquilino”, comentó el director auxiliar.
En el caso de que el dueño no pueda proveer los documentos o tenga un pleito legal con su inquilino, la AAA realiza intentos de cobro al dueño de la propiedad e inquilino. A través del proceso apelativo correspondiente a estos casos, un ente externo dilucidará a quién le corresponden los cargos pendientes.
Sobre los documentos que se exigen para firmar un contrato de renta bajo Sección 8, Marín explicó que es el potencial inquilino quien solicita una certificación de no deuda con la AAA y no el dueño de la propiedad. Una vez se solicite el documento, la Autoridad evalúa si el individuo tiene una deuda bajo su nombre o una en proceso de adjudicación.
La AAA cobra facturas a arrendadores
- Por Brenda A. Vázquez Colón - El Vocero
- 09 de diciembre de 2009
Los miembros de la Asociación de Arrendadores, además de
enfrenar el reto de mantener ocupadas sus propiedades en medio de la
difícil situación económica que vive el País y la industria de los bienes
raíces, ahora se enfrentan a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados
(AAA) que los obliga a pagar deudas de antiguos inquilinos.
enfrenar el reto de mantener ocupadas sus propiedades en medio de la
difícil situación económica que vive el País y la industria de los bienes
raíces, ahora se enfrentan a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados
(AAA) que los obliga a pagar deudas de antiguos inquilinos.
El problema es que muchos arrendatarios dejan deudas pendientes con la AAA, que luego la agencia le cobra al dueño de la residencia, aunque éste no sea parte del contrato de servicio entre el inquilino y la AAA.
“El inquilino desocupa la propiedad y da de baja el servicio de agua con un balance pendiente y la AAA no quiere conectar nuevamente el servicio hasta que se salde la deuda que, muchas veces, es muy alta porque incluye multas. Luego usan al dueño como medio para cobrar la deuda y el no es el responsable porque el inquilino es quien firma un contrato con la AAA con toda su información personal”, explicó Milton Serrano, hijo, presidente de la Asociación de Arrendadores.
Esta situación hace que muchos arrendadores tengan que elegir entre perder a nuevos arrendatarios por no poder conectar el servicio de agua o pagar una deuda que no les corresponde. En ambas casos se afecta el bolsillo de los arrendatarios porque si no pagan la deuda no pueden arrendar la propiedad.
Según Serrano, esta situación ya se expuso en la Oficina del Procurador del Ciudadano, donde hay varios casos de arrendadores que quieren evitar que se les cobre una deuda que no les pertenece.
Por su parte, Pedro Viera, vicepresidente de la Asociación indicó que luego de que el inquilino cancela los servicios de agua y abandona la propiedad, en ocasiones pasan varios meses sin que la AAA desconecte el contador del agua, lo que hace que la deuda aumente. “La AAA no está siendo eficiente con el cobro y cierre de las cuentas y por eso quiere pasarle la deuda al dueño de la propiedad”, comentó el vicepresidente, quien tuvo que pagar meses por el servicio de agua que la AAA no le desconectó a un ex inquilino.
Viera aseguró que el director auxiliar de Servicio al Cliente de la AAA, Gustavo Marín Ramos, le indicó que en estos casos la agencia demanda tanto al dueño de la propiedad como a la persona que hizo el contrato. A esto Serrano añadió que esta gestión es una directriz interna para ejercer presión y disminuir la deuda que no cobraron a tiempo.
Por otro lado, Viera explicó que el Departamento de la Vivienda exige un listado de documentos para firmar los contratos de renta por el programa Sección 8, en el que se exigen certificaciones de que la propiedad no tenga ninguna deuda con la AAA ni con la Autoridad de Energía Eléctrica. Una petición imposible de conseguir ya que ninguna persona puede pedir información de una cuenta que no está a su nombre.
“Hay que evitar estos procedimientos innecesarios que crean situaciones que hacen que los arrendadores pierdan dinero y tiempo. Estas cosas hacen que la situación de los bienes raíces sea más difícil”, alegó Serrano.
A días del vencimiento del pago de la Contribución Especial
- Por Milton E. Serrano (Publicado en Clasificados Bienes Raíces 15.nov.09)
El próximo 30 de noviembre vence el término para cumplir con el pago de la Contribución Especial impuesta por el Departamento de Hacienda.
Sólo por este semestre, usted tendrá derecho a recibir un 10 por ciento de
descuento en la factura emitida por Hacienda. ¿Qué pasará si efectúa el pago
luego del 30 de noviembre de 2009? Le aplicarán los recargos y penalidades
impuestas por el Servicio de Rentas Internal (IRS, por sus siglas en inglés).
Es importante que tenga claro que la deuda de la Contribución Especial como la del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) son deudas que persiguen al inmueble en todo momento hasta tanto se paguen. Si el contribuyente no cumple con el pago de la Contribución Especial aunque el Departamento de Hacienda haya recaudado la cantidad de $690 millones o se cumplan los tres años, lo que ocurra primero, según dicta la Ley, la deuda permanecerá contra el inmueble. Por lo que los intereses y las penalidades formarán parte del balance hasta que se satisfaga la deuda. De usted vender el inmueble, la deuda será retenida al cierre con sus correspondientes penalidades.
Ahora bien, ¿quiénes están exentos y quiénes pueden recibir un descuento? Estarán exentos:
- Todas aquellas personas que hayan sido removidas de su empleo por causa de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.
- Toda propiedad que a esta fecha se encuentra exenta del pago de CRIM.
- Toda persona o familia bajo un mismo techo que no genere más de $20,000 entre anualidades y pensiones, pero sí recibe un ingreso adicional que no sea producto de anualidades y pensiones tendrá que pagar.
- A su vez, las propiedades de nueva construcción que no hayan sido opcionadas o vendidas
- Aquellas propiedades que sean utilizadas y habitadas por una persona con impedimentos. En dicho caso, debe mediar una certificación por un ingeniero civil que certifique que la propiedad cumple con los requisitos del Código Uniforme de Construcción de 1996 para personas con impedimentos.
¿Quiénes tienen derecho a un descuento?
Todo aquel que tenga propiedades rentadas por programas pagados con fondos Federales (Sección 8) tiene el derecho a solicitar una exención total, siempre y cuando la propiedad sea de una sola unidad. En caso de ser varias unidades y haya alguna que no esté rentada por un programa pagado con fondos Federales, la exención será parcial (proporcional a los pies cuadrados del inmueble).
Por ejemplo, usted tiene una propiedad que se compone de cuatro unidades de 500 pies cuadrados cada unidad y solamente tres de ellas están rentadas por un programa Federal y una está por renta privada. En este caso, usted deberá pagar aproximadamente un 25 por ciento de la Contribución Especial total.
Lamentablemente, el término para solicitar esta exención venció el pasado 30 de octubre de 2009, por lo que tendría que radicar la exención con miras al próximo año fiscal.
Para acogerse a las exenciones antes expuestas, deberá llenar, cumplir y radicar la Solicitud de la Exención y Exoneración de la Contribución Especial con todos los documentos solicitados en la Solicitud de la Exención. Puede adquirir la solicitud en las oficinas de Hacienda o a través de la página: www.hacienda.gobierno.pr.
Realojo de Familias en Propiedades Privadas (Programa de Realojo)
El Departamento de Vivienda de Puerto Rico a través de las oficinas de Administración de Vivienda Publica ha convocado a la AABI a presentar propiedades para el programa de realojo.
El Programa de Realojo de la Administración de Vivienda Publica utiliza propiedades en el mercado privado para realojar familias de los Residenciales Públicos mientras se modernizan sus unidades. El programa realiza un contrato de arrendamiento anual y las rentas de las propiedades son pagadas mensualmente con fondos federales.
El proceso de cualificación incluye tanto a la propiedad como al arrendador. La propiedad es cualificada mediante una inspección física de la misma; el arrendatario es cualificado luego de analizar los documentos requeridos para este propósito. Las propiedades se asignan a las familias a realojarse a base de su composición familiar y la cercanía de la propiedad disponible al Residencial en modernización.
Para información adicional se puede comunicar al 787-706-1176 o escriba a miltonsel@yahoo.com. Nos puede hacer llegar la información de sus propiedades al mismo email.
Nuevos Teléfonos de Servicio
Líneas Exclusivas: Contribución Especial sobre la Propiedad Inmueble
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(787) 977-2102 Correo electrónico: crim@hacienda.gobierno.pr |
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(787) 722-2323 Opción 14 Correo electrónico: InfoServ@hacienda.gobierno.pr |
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787-724-4699 Correo electrónico: ceinfo@hacienda.gobierno.pr |
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(787) 721-2020 ext. 3221 ó 3794 Correo electrónico: ceinfo@hacienda.gobierno.pr |
Línea Exclusiva de Hacienda
El Departamento de Hacienda de Puerto Rico puso en funcionamiento una Línea Exclusiva de Orientación al Contribuyente sobre la Contribución Especial. Para contestar tus dudas sobre este proceso puedes llamar al 787-977-2102 de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm. y próximamente los sábados de 9:00am a 2:00pm. Además, puedes escribirles tus dudas o comentarios sobre este tema a crim@hacienda.gobierno.pr. Para más información accede a la página electrónica de Hacienda: www.hacienda.gobierno.pr
Descuento de 10%
Debido al atraso en el proceso de facturación ante la Contribución Especial, el Departamento de Hacienda honrará el 10% de descuento únicamente en este semestre a todo aquel que pague la contribución especial en o antes del 30 de noviembre de 2009. Recuerde que esta contribución se pagará en Hacienda y/o a través de su Colecturía Virtual. Estaremos informando más adelante cualquier cambio que pueda surgir...
Puedes acceder a la planilla para radicar la Exención de la Contribución Especial en el siguiente enlace: http://www.hacienda.gobierno.pr/downloads/pdf/formularios/3420.pdf
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la contribución especial sobre la propiedad inmueble? ¿A nombre de quién y cómo hago el pago? ¿Qué ocurre si el pago se efectúa después de la fecha de vencimiento? ¿Qué residencias no estarán sujetas al pago de la contribución especial? Estas y muchas otras dudas las puedes encontrar en el siguiente documento del Departamento de Hacienda: Preguntas Guías
Contribución Especial a la Propiedad Inmueble
- Por Milton E. Serrano / Especial para Bienes Raíces El Nuevo Día
- Publicado el Domingo, 6 de septiembre de 2009
El pasado 1ro de septiembre entró en vigor la Ley 37 del 10 de julio
de 2009, mejor conocida como las enmiendas a la Ley 7 de
Contribución Especial sobre la Propiedad Inmueble. El propósito
principal de esta contribución es atraer ingresos al Fondo General.
Esta contribución no tiene nada que ver con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). Por lo tanto, todo aquel que tenga que hacer un pago a esta contribución se hará a través del Departamento de Hacienda.
¿Quiénes están exentos?
¿Quiénes están exentos?
- Todo aquel que está debajo de $15,000 para fines contributivos.
- Si usted está exento del pago de contribución al CRIM no tendrá que pagarle a Hacienda.
- Todo aquel que haya sido separado de empleo conforme a la Ley 7 hasta que sea empleado nuevamente.
- Residencias que operan bajo cualquier programa federal, estatal o municipal pagado con fondos federales cuyo propósito es proveer viviendas de alquiler a familias de escasos o moderados recursos.
- Residencias utilizadas para fines residenciales, cuyos dueños generan ingresos en su unidad familiar únicamente de anualidades y pensiones menores de $20,000 anuales. Si algún miembro de la unidad familiar, independientemente de que sea o no el dueño de la residencia, genere ingresos provenientes de otra fuente, la propiedad estará sujeta al pago de la contribución.
- Residencias cuya construcción haya sido realizada para que habite una persona con impedimentos, pero debe mediar una certificación por un ingeniero licenciado en Puerto Rico.
- Residencias que tengan una segunda propiedad (segunda planta) y que no sean arrendadas o que no generen ingresos al dueño.
- Unidades de vivienda de nueva construcción que aún no hayan sido opcionadas o vendidas y entregadas al comprador.
¿Cómo opera?
Debido a que las enmiendas a la Ley 7 fueron aprobadas en julio y al atraso de Hacienda en facturar la contribución especial, se honrará el 10% de descuento en los pagos de la contribución solamente por este semestre hasta el 30 de noviembre de 2009. A los pagos recibidos luego de esta fecha se le aplicarán las penalidades correspondientes según el Código de Rentas Internas(IRS).
Descuentos:
Recuerde que en los semestres restantes se dará un descuento del 10% si paga dentro de los primeros 30 días, 5% de descuento si paga dentro de los 60 días y si paga dentro de los 90 días no tendrá descuento. Si hace su pago luego del día 91, le aplicarán penalidades. ¿Será deducible de la planilla? Sí. Se admitirá una deducción detallada en la planilla de Contribución Sobre Ingresos la contribución especial pagada durante el año contributivo que haya sido impuesta sobre la propiedad que sea utilizada por el contribuyente como su residencia principal.
El término de la contribución será a tres años o hasta que Hacienda recaude $690 millones, lo que ocurra primero.
Exención a rentas por vivienda subsidiada:
Tendrá hasta el 31 de octubre del corriente para solicitar la exención de su propiedad o propiedades con la documentación correspondiente que solicite Hacienda. No obstante, el Departamento de Hacienda estará emitiendo un Reglamento para dicho propósito.
Por lo tanto, no podemos adelantar cuál será el procedimiento que Hacienda solicitará para gozar de dicha exención.
Para orientación:
El Departamento de Hacienda tiene un número de teléfono para orientación sobre la contribución especial: 787-977-2102 (8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.) Puede hacer el pago de su contribución especial, a través de www.hacienda.gobierno.pr.
Los arrendadores ante el 17mo. Congreso de Vivienda
- Por Milton E. Serrano/Especial para Bienes Raíces
El pasado 5 de agosto la Asociación de Bancos de Puerto Rico en conjunto con el Departamento de la Vivienda celebró el Decimoséptimo Congreso de Vivienda.
Este evento sirvió como un excelente medio para analizar y dar a conocer la situación actual de la industria inmobiliaria, los programas de vivienda de interés social y los diferentes retos a los que se enfrenta la banca hipotecaria en Puerto Rico. Todos estos aspectos llevados ante los participantes dejaron claro la necesidad de unión existente entre las diferentes organizaciones ligadas al sector de la vivienda y la urgencia de consenso para llevar al País un mejor porvenir.
Sin embargo, ya no es un secreto el que la industria inmobiliaria se enfrenta a un momento histórico. La escasez de vivienda con precios menores a los $100,000 y las necesidades de las familias de escasos y moderados recursos que dependen de fondos que nacen de programas de interés social como Sección 8 o Plan 8, demuestran claramente la importante contribución de los arrendadores de bienes inmuebles residenciales para las familias y la economía de Puerto Rico.
Ha llegado el momento de aceptar que el arrendamiento residencial es una pieza clave para que el Gobierno pueda cumplir con su deber de Estado de proveer vivienda. A su vez es indispensable una industria de alquiler saludable para cubrir las necesidades de las diferentes familias y los profesionales.
Los arrendadores contribuyen con reducir un problema socioeconómico de múltiples caras, reducen la insuficiente oferta de vivienda segura y proveen un espacio para aquellas personas que no pueden comprar y para las familias que han perdido sus empleos.
La participación en el Congreso de importantes personalidades del Gobierno como el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, los alcaldes Willie Miranda Marín, Héctor O?Neill y los legisladores Larry Seilhammer y Pedro ''Banchy'' Cintrón, ha sido aliciente para ver posibilidades de franca mejoría.
Por esto, entiendo que el compromiso es de todos y que para lograr vivienda para todos debemos aceptar que la palabra ''alianza'' representa la unión por un fin común. Los arrendadores estamos dispuestos a servir con nuestro trabajo a Puerto Rico.
Fortuño convierte en ley enmiendas a Ley 7
- Aprobados los nuevos impuestos a casas y motoras
- Por Marian Díaz / mdiaz1@elnuevodia.com
Lunes, 13 de julio de 2009 / El Nuevo Día
Para la firma del proyecto, que generó intensos debates en la pasada sesión legislativa, no hubo ni conferencia de prensa ni el envío de un comunicado. El Gobernador le estampó su rúbrica tres días después de recibirlo en La Fortaleza, convirtiéndose así en la Ley 37 de 2009.
Entre los cambios más significativos que trae la Ley 37 figuran: una nueva contribución especial a la propiedad inmueble -comercial y residencial- pagadera al Departamento de Hacienda; la imposición de un arbitrio fijo de 10% a las motoras y “four tracks” en sustitución del Impuesto a la Venta y Uso (IVU); la restitución del certificado de exención del IVU para la reventa y la exclusión del pago del nuevo arbitrio a los cigarros y cigarrillos importados o fabricados aquí para la exportación.
La Ley 37, además, protege contra los despidos del Gobierno a un nuevo grupo de empleados públicos -entre ellos trabajadores escolares, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y maestros del Conservatorio de Música- y extiende la vigencia de los convenios colectivos hasta el 9 de marzo de 2011.
El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, empezará a enviar la notificación a los contribuyentes sobre el nuevo impuesto, que será equivalente al 0.591% del valor de la propiedad. El primer pago vencerá en septiembre próximo.
Esta contribución especial será temporera, por tres años -hasta junio de 2012- o hasta que Hacienda recaude $690 millones, lo primero que ocurra. Según la ley, si Hacienda recauda más de los $690 millones, el exceso de ese dinero ingresará al Fondo General.
Quejas con el CRIM
Mientras empiezan a salir las primeras cartas de cobro de Hacienda, hay cientos de contribuyentes que acuden a diario a las oficinas regionales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), en busca de explicación a las facturaciones recibidas, en particular por el aumento registrado en el valor de sus propiedades.
Retasación "disfrazada"
Gloria Santos, directora del CRIM, explicó que se ajustó el valor de la propiedad por un factor de 10, según estipula la Ley 7 de Emergencia Fiscal. Es decir, que si su propiedad tenía un valor de $30,000 para efectos de tasación del CRIM a los valores de 1957, en la notificación que vence en julio aparece que el valor de la propiedad es de $300,000 ($30,000 X10).
“Ésta es una retasación disfrazada. Y lo hicieron de la manera más fácil, aumentando el valor por 10”, se quejó un conocedor de la industria de bienes raíces, que pidió que no se le identificara.
Pero Santos aclara que el impacto en el bolsillo del contribuyente será el mismo, pues la tasa contributiva bajó por un factor de 10, y el efecto contributivo entonces permanece igual.
Otra queja de los contribuyentes es que el banco le cobra la contribución en el pago de la hipoteca; sin embargo, el CRIM también se la factura.
“Yo no le estoy cobrando, yo le estoy notificando al contribuyente (cuál debe ser el pago semestral)”, dijo Santos al reaccionar a la queja arriba expresada.
Aunque la responsabilidad final del pago es del dueño del inmueble, éste debe revisar el acuerdo al que llegó con el banco: si es la institución la que hará el pago o el contribuyente, dijo Santos.
Entre los cambios más significativos que trae la Ley 37 figuran: una nueva contribución especial a la propiedad inmueble -comercial y residencial- pagadera al Departamento de Hacienda; la imposición de un arbitrio fijo de 10% a las motoras y “four tracks” en sustitución del Impuesto a la Venta y Uso (IVU); la restitución del certificado de exención del IVU para la reventa y la exclusión del pago del nuevo arbitrio a los cigarros y cigarrillos importados o fabricados aquí para la exportación.
La Ley 37, además, protege contra los despidos del Gobierno a un nuevo grupo de empleados públicos -entre ellos trabajadores escolares, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y maestros del Conservatorio de Música- y extiende la vigencia de los convenios colectivos hasta el 9 de marzo de 2011.
El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, empezará a enviar la notificación a los contribuyentes sobre el nuevo impuesto, que será equivalente al 0.591% del valor de la propiedad. El primer pago vencerá en septiembre próximo.
Esta contribución especial será temporera, por tres años -hasta junio de 2012- o hasta que Hacienda recaude $690 millones, lo primero que ocurra. Según la ley, si Hacienda recauda más de los $690 millones, el exceso de ese dinero ingresará al Fondo General.
Quejas con el CRIM
Mientras empiezan a salir las primeras cartas de cobro de Hacienda, hay cientos de contribuyentes que acuden a diario a las oficinas regionales del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), en busca de explicación a las facturaciones recibidas, en particular por el aumento registrado en el valor de sus propiedades.
Retasación "disfrazada"
Gloria Santos, directora del CRIM, explicó que se ajustó el valor de la propiedad por un factor de 10, según estipula la Ley 7 de Emergencia Fiscal. Es decir, que si su propiedad tenía un valor de $30,000 para efectos de tasación del CRIM a los valores de 1957, en la notificación que vence en julio aparece que el valor de la propiedad es de $300,000 ($30,000 X10).
“Ésta es una retasación disfrazada. Y lo hicieron de la manera más fácil, aumentando el valor por 10”, se quejó un conocedor de la industria de bienes raíces, que pidió que no se le identificara.
Pero Santos aclara que el impacto en el bolsillo del contribuyente será el mismo, pues la tasa contributiva bajó por un factor de 10, y el efecto contributivo entonces permanece igual.
Otra queja de los contribuyentes es que el banco le cobra la contribución en el pago de la hipoteca; sin embargo, el CRIM también se la factura.
“Yo no le estoy cobrando, yo le estoy notificando al contribuyente (cuál debe ser el pago semestral)”, dijo Santos al reaccionar a la queja arriba expresada.
Aunque la responsabilidad final del pago es del dueño del inmueble, éste debe revisar el acuerdo al que llegó con el banco: si es la institución la que hará el pago o el contribuyente, dijo Santos.
Recomendaciones para enmendar la Ley 7
- Por Milton E. Serrano, hijo / 28 de junio de 2009
Especial para Bienes Raíces, Clasificados El Nuevo Día
En las pasadas dos semanas hemos visto cómo la Cámara de Representantes ha presentado diferentes enmiendas a la Ley 7, entre ellas al artículo 22 de la ''contribución especial'' mejor conocida como la doble contribución sobre la propiedad inmueble. Entre las recomendaciones más notables que presenta la Cámara se encuentran:
1. Disminuir los cuatro años de la contribución especial a un año.
2. Reducir la tasa de un 8.83 por ciento a 5.93 por ciento.
3. Eximir a los desempleados gubernamentales.
4. Y eximir a los que tienen un ingreso menor de $20,000.
Por su parte la Fortaleza propuso:
1. Reducir de cuatro años a dos años.
2. Y reducir la tasa de un 8.83 por ciento a 5.93 por ciento.
Según la prensa, el pasado domingo el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, mencionó que vio con buenos ojos las recomendaciones que ha hecho la Cámara y que las tomará en consideración. Días más tarde, la prensa reseñó que el Presidente del Senado propone que la contribución especial sea a tres años y no dos ni uno como propuso la Cámara y la Fortaleza respectivamente. Las enmiendas presentadas por la Cámara ofrecen un alivio a los dueños de propiedades residenciales al reducir la tasa y los años de la ''contribución especial''.
Aunque no son del todo lo propuesto por la Asociación de Arrendadores, sí se tomaron en consideración nuestras recomendaciones y sugerencias. Al Senado, el reducir la contribución especial de cuatro años a tres años no abona nada bueno a nuestra economía puertorriqueña que ya ha sido fuertemente golpeada por la situación económica mundial. Tres años de una doble contribución impuesta a destiempo traerá como consecuencia problemas mayores socio-económicos, perdida de ''vales'' para la Sección 8, descalificación de arrendadores para programas de Sección 8, aumento en quiebras por individuo, ejecuciones de propiedades a niveles récord, aumento en la morosidad hipotecaria a niveles jamás considerados, quiebras en administraciones de condominios, devaluación de propiedades (adicional a la actual), desmotivación al inversionista inmobiliario, entre otros.
La ''contribución especial'' debe reducirse a no más de un año y no debe ser mayor de un 40 por ciento sobre lo que actualmente se está pagando en contribución.
Pero, ¿qué va a pasar con las familias que viven de renta subsidiada (Sección 8) cuando los dueños de esas propiedades no puedan cumplir con el pago de la contribución especial? ¿Por qué aumentarle la contribución al que está pagando? Si hay 500,000 propiedades en la calle que no están registradas en el CRIM, que no están contribuyendo. Si hay más de $80 millones de dólares en cuentas escrow esperando que el CRIM notifique si ese dinero va al contribuyente o a ellos. Tienen de dónde levantar ingresos sin aumentarle las contribuciones a los que ya pagan.
Al Ejecutivo, el Senado y la Cámara: pónganle un plazo al CRIM para que cumpla con su labor. Salgan a tasar las propiedades que no están registradas. Y asígnenle un valor a las propiedades que por años sus dueños responsablemente las han registrado y al día de hoy el CRIM no se ha tomado el tiempo de visitarlas y adjudicarle un valor contributivo.
Aunque no son del todo lo propuesto por la Asociación de Arrendadores, sí se tomaron en consideración nuestras recomendaciones y sugerencias. Al Senado, el reducir la contribución especial de cuatro años a tres años no abona nada bueno a nuestra economía puertorriqueña que ya ha sido fuertemente golpeada por la situación económica mundial. Tres años de una doble contribución impuesta a destiempo traerá como consecuencia problemas mayores socio-económicos, perdida de ''vales'' para la Sección 8, descalificación de arrendadores para programas de Sección 8, aumento en quiebras por individuo, ejecuciones de propiedades a niveles récord, aumento en la morosidad hipotecaria a niveles jamás considerados, quiebras en administraciones de condominios, devaluación de propiedades (adicional a la actual), desmotivación al inversionista inmobiliario, entre otros.
La ''contribución especial'' debe reducirse a no más de un año y no debe ser mayor de un 40 por ciento sobre lo que actualmente se está pagando en contribución.
Pero, ¿qué va a pasar con las familias que viven de renta subsidiada (Sección 8) cuando los dueños de esas propiedades no puedan cumplir con el pago de la contribución especial? ¿Por qué aumentarle la contribución al que está pagando? Si hay 500,000 propiedades en la calle que no están registradas en el CRIM, que no están contribuyendo. Si hay más de $80 millones de dólares en cuentas escrow esperando que el CRIM notifique si ese dinero va al contribuyente o a ellos. Tienen de dónde levantar ingresos sin aumentarle las contribuciones a los que ya pagan.
Al Ejecutivo, el Senado y la Cámara: pónganle un plazo al CRIM para que cumpla con su labor. Salgan a tasar las propiedades que no están registradas. Y asígnenle un valor a las propiedades que por años sus dueños responsablemente las han registrado y al día de hoy el CRIM no se ha tomado el tiempo de visitarlas y adjudicarle un valor contributivo.
Atentos los arrendadores de hogares ante enmiendas a Ley 7
- Por Brenda A. Vázquez Colón / EL VOCERO
25 de junio de 2009 >> accede a la fuente aquí.
La Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico espera que haya apertura a las preocupaciones de ese sector cuando se evalúen hoy las posibles enmiendas a la contribución especial sobre las propiedades inmuebles de la Ley 7 ante el Senado.
Entre las recomendaciones, está incluir en dicha medida al sector comercial y disminuir el término de tiempo de la contribución a sólo un año, ya que la Ley actual exige que este pago se realice por un periodo de cuatro años. También se propone reducir la tasa de contribución de un 8.83% a un 5.93, lo que disminuiría la contribución actual de un 100% a un 70%. También se propone eximir de dicho pago a los empleados que hayan sido cesanteados por el Gobierno y a quienes tengan un ingreso económico menor de $20,000 anuales.
“La Cámara de Representantes recomienda un año y la reducción del por ciento de la nueva contribución porque se dio cuenta del efecto negativo que traería a la industria de las propiedades inmuebles como un posible aumento en quiebras. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz recomienda tres años de contribución especial pero esto tendría como consecuencia más ejecuciones de propiedades, aumentos en la morosidad hipotecaria, devaluación de propiedades, desmotivación al inversionista inmobiliario y la descalificación de arrendadores para el programa de Sección 8, entre otros problemas”, explicó Milton E. Serrano, hijo, secretario de la Junta de Directores de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico.
Las posibles enmiendas no eximen de pagar la doble contribución a las propiedades rentadas bajo Sección 8, un sector que se vería muy afectado, ya que muchos de los dueños de estas casas tienen que rentar las mismas por debajo del pago mensual de sus hipotecas y un pago adicional sería un aumento dramático para este sector, según explicó.
Esta situación descalificaría a muchos arrendadores, ya que para una propiedad cualificar bajo Sección 8, los pagos de la casa tienen que estar al día con el CRIM, por lo que la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles recomienda que este sector no sea incluido en dicha contribución.
Entre las recomendaciones, está incluir en dicha medida al sector comercial y disminuir el término de tiempo de la contribución a sólo un año, ya que la Ley actual exige que este pago se realice por un periodo de cuatro años. También se propone reducir la tasa de contribución de un 8.83% a un 5.93, lo que disminuiría la contribución actual de un 100% a un 70%. También se propone eximir de dicho pago a los empleados que hayan sido cesanteados por el Gobierno y a quienes tengan un ingreso económico menor de $20,000 anuales.
“La Cámara de Representantes recomienda un año y la reducción del por ciento de la nueva contribución porque se dio cuenta del efecto negativo que traería a la industria de las propiedades inmuebles como un posible aumento en quiebras. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz recomienda tres años de contribución especial pero esto tendría como consecuencia más ejecuciones de propiedades, aumentos en la morosidad hipotecaria, devaluación de propiedades, desmotivación al inversionista inmobiliario y la descalificación de arrendadores para el programa de Sección 8, entre otros problemas”, explicó Milton E. Serrano, hijo, secretario de la Junta de Directores de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico.
Las posibles enmiendas no eximen de pagar la doble contribución a las propiedades rentadas bajo Sección 8, un sector que se vería muy afectado, ya que muchos de los dueños de estas casas tienen que rentar las mismas por debajo del pago mensual de sus hipotecas y un pago adicional sería un aumento dramático para este sector, según explicó.
Esta situación descalificaría a muchos arrendadores, ya que para una propiedad cualificar bajo Sección 8, los pagos de la casa tienen que estar al día con el CRIM, por lo que la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles recomienda que este sector no sea incluido en dicha contribución.
Crisis se agudiza con gravamen especial
- Por: Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
Publicado el lunes, 15 de junio de 2009 >>
El alza en la contribución de la propiedad inmueble que entrará en vigor a partir del próximo septiembre podría encarecer la construcción, erosionar la rentabilidad del alquiler de viviendas y devaluar el precio de las unidades residenciales.
Jubilados, por ejemplo, que esperan vivir de una renta sentirán el cantazo del aumento, al igual que propietarios de unidades de alquiler cuyas finanzas se tambalean ante un mercado de bienes raíces que se ha caracterizado en los últimos años por su inestabilidad.
“El aumento es catastrófico. Esto es un efecto en cadena que tiene muchas repercusiones. Solamente en los primeros cuatro meses del 2009 los bancos ejecutaron 600 propiedades, pero hay otras 11,000 que están en sus oficinas de pérdida y mitigación donde se intenta buscar la forma de no ejecutar la propiedad”, sostuvo el secretario de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Milton Serrano, Jr.
Serrano considera que el alza también podría reducir significativamente el inventario de viviendas disponibles del programa de subsidio federal Sección 8, ya que éstas podrían tornarse menos rentables para sus dueños. Solamente el año pasado hubo cerca de 5,000 ciudadanos que no pudieron utilizar sus vales de vivienda ante la escasez de unidades adscritas al programa.
El impuesto representa, prácticamente, un alza de 100 por ciento. “Ahora mismo vamos a tener cerca de 30,000 desempleados por las cesantías en el Gobierno, pero muchos que vayan a buscar unidades de Sección 8 no las van a encontrar”, indicó Serrano.
Se cree, además, que el margen prestatario de los bancos también podría reducirse como consecuencia del aumento. Un comprador tendrá que tomar en consideración el alza y muy bien podría girar su monto en contra del valor de la propiedad al determinar la cantidad que estaría dispuesto a pagar por la misma.
“El margen prestatario del comprador disminuye porque ésta es otra variable que hay que tomar en consideración. Se tiene que sumar a lo que la persona ya paga en hipoteca y mantenimiento”, dijo Serrano.
El aumento también podría reducir los ingresos que reciben tanto el Gobierno como el vendedor de una propiedad por las ganancias netas que se generan a través de la transacción. El Gobierno recibe el 20 por ciento de toda ganancia de una propiedad si ésta no se utiliza para la compra de una vivienda principal a un año de la transacción.
Varias reuniones privadas se realizaron entre funcionarios estatales y representantes de la industria privada para intentar reducir la carga contributiva que se aplicará a las propiedades residenciales, pero asesores de la Legislatura y La Fortaleza aseguraron que la carga no se podrá bajar por ser un proyecto de “administración”.
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Un cantazo al bolsillo
Airados los contribuyentes
Jubilados, por ejemplo, que esperan vivir de una renta sentirán el cantazo del aumento, al igual que propietarios de unidades de alquiler cuyas finanzas se tambalean ante un mercado de bienes raíces que se ha caracterizado en los últimos años por su inestabilidad.
“El aumento es catastrófico. Esto es un efecto en cadena que tiene muchas repercusiones. Solamente en los primeros cuatro meses del 2009 los bancos ejecutaron 600 propiedades, pero hay otras 11,000 que están en sus oficinas de pérdida y mitigación donde se intenta buscar la forma de no ejecutar la propiedad”, sostuvo el secretario de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, Milton Serrano, Jr.
Serrano considera que el alza también podría reducir significativamente el inventario de viviendas disponibles del programa de subsidio federal Sección 8, ya que éstas podrían tornarse menos rentables para sus dueños. Solamente el año pasado hubo cerca de 5,000 ciudadanos que no pudieron utilizar sus vales de vivienda ante la escasez de unidades adscritas al programa.
El impuesto representa, prácticamente, un alza de 100 por ciento. “Ahora mismo vamos a tener cerca de 30,000 desempleados por las cesantías en el Gobierno, pero muchos que vayan a buscar unidades de Sección 8 no las van a encontrar”, indicó Serrano.
Se cree, además, que el margen prestatario de los bancos también podría reducirse como consecuencia del aumento. Un comprador tendrá que tomar en consideración el alza y muy bien podría girar su monto en contra del valor de la propiedad al determinar la cantidad que estaría dispuesto a pagar por la misma.
“El margen prestatario del comprador disminuye porque ésta es otra variable que hay que tomar en consideración. Se tiene que sumar a lo que la persona ya paga en hipoteca y mantenimiento”, dijo Serrano.
El aumento también podría reducir los ingresos que reciben tanto el Gobierno como el vendedor de una propiedad por las ganancias netas que se generan a través de la transacción. El Gobierno recibe el 20 por ciento de toda ganancia de una propiedad si ésta no se utiliza para la compra de una vivienda principal a un año de la transacción.
Varias reuniones privadas se realizaron entre funcionarios estatales y representantes de la industria privada para intentar reducir la carga contributiva que se aplicará a las propiedades residenciales, pero asesores de la Legislatura y La Fortaleza aseguraron que la carga no se podrá bajar por ser un proyecto de “administración”.
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Un cantazo al bolsillo
- Por: Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
Publicado el lunes, 15 de junio de 2009 >> - Ya comenzaron a llamarlo "el Fortuñazo". ¡Ay qué dolor!
La contribución especial que se aplicará a partir del próximo septiembre a unos 365,000 hogares puertorriqueños se sumará a otro aumento aprobado por 39 municipios a la tasa tributaria de las propiedades que entrará en vigor el próximo mes.
Pero a diferencia del tan temido impuesto sobre las ventas y su (IVU), que los puertorriqueños podrían “controlar” modificando sus prácticas de consumo, el impuesto especial que aprobó la administración de Luis Fortuño mantiene en una encerrona económica a una cantidad significativa de ciudadanos de ingresos medianos que no cuentan con una exoneración contributiva de su propiedad.
Ante los altos costos de la vivienda, las propiedades primarias de gran parte de los ciudadanos sólo cuentan con una exoneración “parcial” debido a que su tasación para fines contributivos, que no se debería confundir con la realizada para una institución bancaria, excede los $15,000.
Aunque el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) es la dependencia que recibe los recaudos del impuesto que se destinan a los municipios, el Departamento de Hacienda se encargará de cobrar el nuevo impuesto que se extenderá por un periodo de cuatro años.
Los ciudadanos afectados notarán el aumento mediante una nueva libretita de pagos que les enviará la institución bancaria que tiene su préstamo hipotecario o a través de una carta de Hacienda que solicitará el pago.
Morosidad a la vista
La doble tributación es objeto de preocupación entre economistas, representantes de la industria de vivienda residencial, e incluso algunos funcionarios de la administración de Fortuño que no descartan un aumento en la tasa de morosidad de contribuyentes que mantienen deudas con el CRIM, tal y como sucedió en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al implantarse el alza en la factura del agua.
Ya el 25% de los contribuyentes de la agencia con cuentas corrientes tienen deudas atrasadas y se teme que esta proporción podría aumentar debido a la recesión económica y la contribución especial que manejará Hacienda.
“Es muy posible que haya un efecto de morosidad y no sabemos si esto se va a reflejar en los recaudos del CRIM o mediante la contribución especial”, consignó la directora ejecutiva del CRIM, Gloria E. Santos Rosado, quien tampoco descartó que los problemas que enfrenta la industria de bienes raíces se agudicen a raíz del impuesto.
Aunque las obras municipales se consideran como un elemento catalítico de la economía regional, Santos Rosado advirtió que un alza en la incidencia de morosidad podría impactar negativamente las finanzas de los municipios con la reducción de sus recaudos.
“Ya los recaudos en los municipios han disminuido. Pero nosotros, como agencia, podemos contribuir poniendo al día las cuentas atrasadas” , dijo la funcionaria. El CRIM cobra en julio y enero, mientras que Hacienda exigirá su tajada en septiembre y marzo.
Encima, la mitad de los contribuyentes con propiedades recibirán el primer golpe a sus bolsillos con el aumento a las tasas que controlan los municipios. La ley de administración de Fortuño impide que se realicen más incrementos a la tasa en los próximos cuatro años, pero la mitad de los municipios se adelantaron a la medida, implantando el alza en las tasas que en algunos pueblos excede el 10%.
En los pasados dos años, más de 30 municipios han aumentado y hasta duplicado los impuestos sobre la propiedad mueble, es decir, los artículos que venden los comercios.
“La realidad es que esto representa una carga adicional”, admitió la funcionaria.
Un proyecto de ley pretende uniformar la tasa que se utilizaría para computar la contribución especial, que en términos prácticos duplica el pago.
El CRIM, por otra parte, intenta incrementar los recaudos a los municipios realizando tasaciones en propiedades que recientemente su equipo técnico ha identificado.
Denuncia roja
La nueva contribución le ha provisto las municiones que requería la oposición política para minar la credibilidad del Gobernador, que basó su pasada campaña electoral en criticar los aumentos aprobados por la administración de Aníbal Acevedo Vilá.
A pesar de que muchos contribuyentes desconocen que están pagando los impuestos sobre la propiedad a través de la cuenta de reserva (escrow) de sus hipotecas, el Partido Popular Democrático subraya la manera subrepticia con la cual la administración de Fortuño “sí metió las dos manos” en el bolsillo del contribuyente.
“Es un impuesto doble y la gente lo tendrá que pagar con su bolsillo. Es un impuesto que afectará a la clase media y la clase media alta puertorriqueña”, sentenció el presidente de la Pava, Héctor Ferrer.
Cabe destacar que la ley que faculta la doble tributación de la propiedad también elimina el certificado de exención en el pago del IVU para los revendedores e impone un nuevo arbitrio sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos.
Pero el impuesto que posiblemente tendrá más repercusiones sobre las finanzas familiares de los puertorriqueños será la nueva contribución sobre la propiedad. El PPD la objeta con planteamientos que cuestionan su constitucionalidad.
“Uno puede intentar evitar el IVU, pero esta contribución es inescapable”, dijo Ferrer.
El PPD considera que el Gobierno podría aumentar los recaudos intensificando sus esfuerzos para recaudar el sales tax. También sugirió que se les exija el pago de contribuciones a compañías exentas.
¿Justicia social?
Para algunos economistas, como José Alameda, la medida de emergencia resulta como un instrumento de recaudo que no atiende la necesidad creciente de revisar el sistema contributivo del país.
“Veo que en cierta manera hay justicia contributiva, ya que estas contribuciones deberían haber aumentado hace tiempo. Pero podría incumplir con los mismos objetivos que persigue”, dijo Alameda.
El economista advirtió también que la medida de emergencia podría ser detrimental para aquellos con menos recursos económicos.
...............................................Pero a diferencia del tan temido impuesto sobre las ventas y su (IVU), que los puertorriqueños podrían “controlar” modificando sus prácticas de consumo, el impuesto especial que aprobó la administración de Luis Fortuño mantiene en una encerrona económica a una cantidad significativa de ciudadanos de ingresos medianos que no cuentan con una exoneración contributiva de su propiedad.
Ante los altos costos de la vivienda, las propiedades primarias de gran parte de los ciudadanos sólo cuentan con una exoneración “parcial” debido a que su tasación para fines contributivos, que no se debería confundir con la realizada para una institución bancaria, excede los $15,000.
Aunque el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) es la dependencia que recibe los recaudos del impuesto que se destinan a los municipios, el Departamento de Hacienda se encargará de cobrar el nuevo impuesto que se extenderá por un periodo de cuatro años.
Los ciudadanos afectados notarán el aumento mediante una nueva libretita de pagos que les enviará la institución bancaria que tiene su préstamo hipotecario o a través de una carta de Hacienda que solicitará el pago.
Morosidad a la vista
La doble tributación es objeto de preocupación entre economistas, representantes de la industria de vivienda residencial, e incluso algunos funcionarios de la administración de Fortuño que no descartan un aumento en la tasa de morosidad de contribuyentes que mantienen deudas con el CRIM, tal y como sucedió en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al implantarse el alza en la factura del agua.
Ya el 25% de los contribuyentes de la agencia con cuentas corrientes tienen deudas atrasadas y se teme que esta proporción podría aumentar debido a la recesión económica y la contribución especial que manejará Hacienda.
“Es muy posible que haya un efecto de morosidad y no sabemos si esto se va a reflejar en los recaudos del CRIM o mediante la contribución especial”, consignó la directora ejecutiva del CRIM, Gloria E. Santos Rosado, quien tampoco descartó que los problemas que enfrenta la industria de bienes raíces se agudicen a raíz del impuesto.
Aunque las obras municipales se consideran como un elemento catalítico de la economía regional, Santos Rosado advirtió que un alza en la incidencia de morosidad podría impactar negativamente las finanzas de los municipios con la reducción de sus recaudos.
“Ya los recaudos en los municipios han disminuido. Pero nosotros, como agencia, podemos contribuir poniendo al día las cuentas atrasadas” , dijo la funcionaria. El CRIM cobra en julio y enero, mientras que Hacienda exigirá su tajada en septiembre y marzo.
Encima, la mitad de los contribuyentes con propiedades recibirán el primer golpe a sus bolsillos con el aumento a las tasas que controlan los municipios. La ley de administración de Fortuño impide que se realicen más incrementos a la tasa en los próximos cuatro años, pero la mitad de los municipios se adelantaron a la medida, implantando el alza en las tasas que en algunos pueblos excede el 10%.
En los pasados dos años, más de 30 municipios han aumentado y hasta duplicado los impuestos sobre la propiedad mueble, es decir, los artículos que venden los comercios.
“La realidad es que esto representa una carga adicional”, admitió la funcionaria.
Un proyecto de ley pretende uniformar la tasa que se utilizaría para computar la contribución especial, que en términos prácticos duplica el pago.
El CRIM, por otra parte, intenta incrementar los recaudos a los municipios realizando tasaciones en propiedades que recientemente su equipo técnico ha identificado.
Denuncia roja
La nueva contribución le ha provisto las municiones que requería la oposición política para minar la credibilidad del Gobernador, que basó su pasada campaña electoral en criticar los aumentos aprobados por la administración de Aníbal Acevedo Vilá.
A pesar de que muchos contribuyentes desconocen que están pagando los impuestos sobre la propiedad a través de la cuenta de reserva (escrow) de sus hipotecas, el Partido Popular Democrático subraya la manera subrepticia con la cual la administración de Fortuño “sí metió las dos manos” en el bolsillo del contribuyente.
“Es un impuesto doble y la gente lo tendrá que pagar con su bolsillo. Es un impuesto que afectará a la clase media y la clase media alta puertorriqueña”, sentenció el presidente de la Pava, Héctor Ferrer.
Cabe destacar que la ley que faculta la doble tributación de la propiedad también elimina el certificado de exención en el pago del IVU para los revendedores e impone un nuevo arbitrio sobre las bebidas alcohólicas y los cigarrillos.
Pero el impuesto que posiblemente tendrá más repercusiones sobre las finanzas familiares de los puertorriqueños será la nueva contribución sobre la propiedad. El PPD la objeta con planteamientos que cuestionan su constitucionalidad.
“Uno puede intentar evitar el IVU, pero esta contribución es inescapable”, dijo Ferrer.
El PPD considera que el Gobierno podría aumentar los recaudos intensificando sus esfuerzos para recaudar el sales tax. También sugirió que se les exija el pago de contribuciones a compañías exentas.
¿Justicia social?
Para algunos economistas, como José Alameda, la medida de emergencia resulta como un instrumento de recaudo que no atiende la necesidad creciente de revisar el sistema contributivo del país.
“Veo que en cierta manera hay justicia contributiva, ya que estas contribuciones deberían haber aumentado hace tiempo. Pero podría incumplir con los mismos objetivos que persigue”, dijo Alameda.
El economista advirtió también que la medida de emergencia podría ser detrimental para aquellos con menos recursos económicos.
Airados los contribuyentes
No aguantan un aumento más y aguardan con un alto grado de recelo el aumento contributivo sobre las propiedades residenciales que la administración de Luis Fortuño implantó para sacar al Gobierno central de su atolladero económico.
En las oficinas de cobro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de Santurce (CRIM), cuya jurisdicción abarca la capital y Guaynabo, decenas de ciudadanos esperaban que sus casos sean revisados por algún técnico de la agencia. Muchos tenían alguna queja sobre sus pagos o las cantidades que se descontaban de la cuenta de reserva (escrow) de sus hipotecas. Otros contribuyentes también conocían del aumento que podría duplicar sus pagos, pero cuestionaban las intenciones de la nueva administración.
Después de todo, Fortuño prometió “ni un impuesto más” para el trabajador puertorriqueño.
“Deberían retasar las propiedades. Hay diferencias marcadas entre las tasaciones existentes y esto tiene un costo muy alto para los ciudadanos”, dijo la comerciante Mariangie Lozada, de 46 años de edad.
Los propietarios de las unidades que se utilizan como residencia principal y cuya tasación contributiva no excede los $15,000 están excluidos del alza, al igual que los dueños de propiedades comerciales. No obstante, el gravamen sí representa un duro golpe para los miles de otros ciudadanos de clase media que actualmente pagan contribuciones sobre la propiedad.
“Esto es un abuso. Están asfixiando a la clase media que no puede vivir pagando tantas contribuciones. Nos vamos a quedar sin nada”, sostuvo Margarita Vázquez, de 76 años de edad. La residente de la capital genera la mayoría de sus ingresos a través de la renta de una propiedad comercial.
Aunque las propiedades comerciales están excluidas del alza, a la septuagenaria se le ha hecho difícil pagar una deuda contributiva de su propiedad residencial que se aplicó al pago de su hipoteca. La cantidad ascendió de $379.90 a unos $650.
Otros profesionales, como la abogada Diana Conde, se cuestionan si la tambaleante economía puertorriqueña podrá sostener el golpe que supone el aumento. “Realmente considero que no es la mejor medida” , dijo la letrada.
En las oficinas de cobro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de Santurce (CRIM), cuya jurisdicción abarca la capital y Guaynabo, decenas de ciudadanos esperaban que sus casos sean revisados por algún técnico de la agencia. Muchos tenían alguna queja sobre sus pagos o las cantidades que se descontaban de la cuenta de reserva (escrow) de sus hipotecas. Otros contribuyentes también conocían del aumento que podría duplicar sus pagos, pero cuestionaban las intenciones de la nueva administración.
Después de todo, Fortuño prometió “ni un impuesto más” para el trabajador puertorriqueño.
“Deberían retasar las propiedades. Hay diferencias marcadas entre las tasaciones existentes y esto tiene un costo muy alto para los ciudadanos”, dijo la comerciante Mariangie Lozada, de 46 años de edad.
Los propietarios de las unidades que se utilizan como residencia principal y cuya tasación contributiva no excede los $15,000 están excluidos del alza, al igual que los dueños de propiedades comerciales. No obstante, el gravamen sí representa un duro golpe para los miles de otros ciudadanos de clase media que actualmente pagan contribuciones sobre la propiedad.
“Esto es un abuso. Están asfixiando a la clase media que no puede vivir pagando tantas contribuciones. Nos vamos a quedar sin nada”, sostuvo Margarita Vázquez, de 76 años de edad. La residente de la capital genera la mayoría de sus ingresos a través de la renta de una propiedad comercial.
Aunque las propiedades comerciales están excluidas del alza, a la septuagenaria se le ha hecho difícil pagar una deuda contributiva de su propiedad residencial que se aplicó al pago de su hipoteca. La cantidad ascendió de $379.90 a unos $650.
Otros profesionales, como la abogada Diana Conde, se cuestionan si la tambaleante economía puertorriqueña podrá sostener el golpe que supone el aumento. “Realmente considero que no es la mejor medida” , dijo la letrada.
Discriminatoria alza del CRIM
- Por Brenda A. Vázquez Colón
EL VOCERO (2 de junio de 2009) Acceda a la fuente aquí
Que las propiedades inmuebles de uso comercial sean exoneradas del aumento en las contribuciones del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), es una determinación que le parece muy injusta a la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, ya que al sector residencial se le duplicará el impuesto desde el próximo 1 de julio de 2009.
Según Pedro F. Viera, presidente del Comité de Legislación de la Asociación, la nueva contribución sobre la propiedad no afectará a centros comerciales, edificios de oficina, almacenes industriales, universidades privadas, marinas y locales comerciales, a pesar de que el Gobierno recauda mucho más a través del sector comercial.
Al cierre del año fiscal 2007, el CRIM recaudó $579 millones por concepto de propiedad inmueble de los cuales $128 provinieron del sector residencial y $451 del comercial.
“Al sector comercial, que significa el 80% de las recaudaciones, no le aumentaron nada, mientras que al residencial que es el 20% le aumentan un 100%. Nosotros proponemos que se aumente un 20% y que se distribuya la carga entre todos los sectores porque están golpeando severamente la industria de las propiedades inmuebles.
Con el aumento del 20% se recaudarían $115.8 millones del área residencial, adicionales a los $128 millones que ya genera, por lo que se recaudarían $243 millones”, aseguró Viera.
En cuanto a las recientes enmiendas que se le hicieron en la Ley 7, artículo 22, sección 3701, éstas sólo liberan del pago de la nueva contribución a las propiedades que se construyan a partir del 1 de enero de 2010 o a las que se les realice una rehabilitación sustancial y operen bajo las disposiciones de la Sección 8 de la Ley Nacional de Hogares.
Para ser exentas las propiedades deben estar listas para rentarse antes del 31 de diciembre del 2012. Esto quiere decir que las enmiendas no benefician a los actuales dueños de propiedades que rentan sus casas mediante Sección 8.
El mercado de la vivienda de interés social, el cual le provee un hogar seguro a personas con recursos económicos limitados, será impactado negativamente con el aumento del CRIM, ya que muchos arrendadores con rentas entre $350 y $650, han tenido que aumentar las mismas para cubrir los altos costos de electricidad, agua y mantenimiento, por lo que no pueden pagar una cuenta más. Esto traerá como consecuencia un aumento en los niveles de desocupación.
“Lo que se ha publicado sobre las enmiendas da a entender que el arrendador actual de Sección 8 quedará exento, cuando la realidad es que sólo se beneficiará quien esté cobijado bajo la Ley Nacional de Hogares en los artículos 2.01 y 2.02. El informe del proyecto del Senado exonera del pago de contribuciones a los dueños de propiedades de nueva construcción.
La iniciativa debe cobijar a los arrendadores que actualmente tienen sus propiedades a la disposición del programa Sección 8 y a los que adquieran nuevas viviendas unifamiliares”, comentó Milton Serrano, hijo, secretario de la Junta de Directores de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico.
Por su parte, Viera añadió que el nuevo impuesto tendrá un impacto en la clase media y no en las residencias de alto valor, ya que muchas de las casas de urbanizaciones como Garden Hills, Suchville y San Francisco, entre otras, fueron construidas hace más de 30 años. Estas casas no se han vuelto a tasar, por lo que para el CRIM sólo reflejan una fracción del valor en comparación con las propiedades de nueva construcción.
“Las propiedades que más valor tienen ante el CRIM son las de clase media que se han comprado durante los últimos 15 años. El 40% de las residencias de la Isla están fuera de los sistemas del CRIM, cerca de 500,000 viviendas no están registradas en el sistema.
El reglamento del CRIM impedía nuevos impuestos hasta que la mayoría de las propiedades estén tasadas y este requisito fue eliminado con la Ley 7. El 40% se queda sin pagar pero le aumentan un 100% a los que ya están pagando”, indicó Viera, quien próximamente se reunirá con Jennifer González, presidenta de la Cámara de Representantes, para discutir posibles enmiendas a la Ley 7.
Este también expuso que con la nueva contribución se desestabilizará a la industria del alquiler residencial y muchos de los arrendadores no podrán pagar el nuevo impuesto por lo que quedarán descalificados para participar del programa Sección 8. “Este impuesto va a crear otra ola de quiebras y expropiaciones que afectará a los arrendadores y a la banca”, puntualizó el Presidente.
Según Pedro F. Viera, presidente del Comité de Legislación de la Asociación, la nueva contribución sobre la propiedad no afectará a centros comerciales, edificios de oficina, almacenes industriales, universidades privadas, marinas y locales comerciales, a pesar de que el Gobierno recauda mucho más a través del sector comercial.
Al cierre del año fiscal 2007, el CRIM recaudó $579 millones por concepto de propiedad inmueble de los cuales $128 provinieron del sector residencial y $451 del comercial.
“Al sector comercial, que significa el 80% de las recaudaciones, no le aumentaron nada, mientras que al residencial que es el 20% le aumentan un 100%. Nosotros proponemos que se aumente un 20% y que se distribuya la carga entre todos los sectores porque están golpeando severamente la industria de las propiedades inmuebles.
Con el aumento del 20% se recaudarían $115.8 millones del área residencial, adicionales a los $128 millones que ya genera, por lo que se recaudarían $243 millones”, aseguró Viera.
En cuanto a las recientes enmiendas que se le hicieron en la Ley 7, artículo 22, sección 3701, éstas sólo liberan del pago de la nueva contribución a las propiedades que se construyan a partir del 1 de enero de 2010 o a las que se les realice una rehabilitación sustancial y operen bajo las disposiciones de la Sección 8 de la Ley Nacional de Hogares.
Para ser exentas las propiedades deben estar listas para rentarse antes del 31 de diciembre del 2012. Esto quiere decir que las enmiendas no benefician a los actuales dueños de propiedades que rentan sus casas mediante Sección 8.
El mercado de la vivienda de interés social, el cual le provee un hogar seguro a personas con recursos económicos limitados, será impactado negativamente con el aumento del CRIM, ya que muchos arrendadores con rentas entre $350 y $650, han tenido que aumentar las mismas para cubrir los altos costos de electricidad, agua y mantenimiento, por lo que no pueden pagar una cuenta más. Esto traerá como consecuencia un aumento en los niveles de desocupación.
“Lo que se ha publicado sobre las enmiendas da a entender que el arrendador actual de Sección 8 quedará exento, cuando la realidad es que sólo se beneficiará quien esté cobijado bajo la Ley Nacional de Hogares en los artículos 2.01 y 2.02. El informe del proyecto del Senado exonera del pago de contribuciones a los dueños de propiedades de nueva construcción.
La iniciativa debe cobijar a los arrendadores que actualmente tienen sus propiedades a la disposición del programa Sección 8 y a los que adquieran nuevas viviendas unifamiliares”, comentó Milton Serrano, hijo, secretario de la Junta de Directores de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico.
Por su parte, Viera añadió que el nuevo impuesto tendrá un impacto en la clase media y no en las residencias de alto valor, ya que muchas de las casas de urbanizaciones como Garden Hills, Suchville y San Francisco, entre otras, fueron construidas hace más de 30 años. Estas casas no se han vuelto a tasar, por lo que para el CRIM sólo reflejan una fracción del valor en comparación con las propiedades de nueva construcción.
“Las propiedades que más valor tienen ante el CRIM son las de clase media que se han comprado durante los últimos 15 años. El 40% de las residencias de la Isla están fuera de los sistemas del CRIM, cerca de 500,000 viviendas no están registradas en el sistema.
El reglamento del CRIM impedía nuevos impuestos hasta que la mayoría de las propiedades estén tasadas y este requisito fue eliminado con la Ley 7. El 40% se queda sin pagar pero le aumentan un 100% a los que ya están pagando”, indicó Viera, quien próximamente se reunirá con Jennifer González, presidenta de la Cámara de Representantes, para discutir posibles enmiendas a la Ley 7.
Este también expuso que con la nueva contribución se desestabilizará a la industria del alquiler residencial y muchos de los arrendadores no podrán pagar el nuevo impuesto por lo que quedarán descalificados para participar del programa Sección 8. “Este impuesto va a crear otra ola de quiebras y expropiaciones que afectará a los arrendadores y a la banca”, puntualizó el Presidente.
A modificar el impuesto a la propiedad
- Por Yanira Hernández Cabiya / yhernandez@elnuevodia.com
Publicado en El Nuevo Día (21 de mayo de 2009)
- La ley especial que aumenta el pago al CRIM se enmendará
Faltan sólo semanas para que entre en vigor el nuevo aumento en el pago de contribuciones sobre la propiedad residencial dispuesto en la Ley 7 de Emergencia Fiscal, conocido popularmente como el pago al CRIM o “property tax”, y son más las interrogantes que las certezas sobre cómo se establecerá ese impuesto.
Lo que sí está claro es que a partir de julio toda propiedad residencial tasada en más $210,000 pagará más en impuestos, así como toda propiedad que no sea su residencia principal, según el Secretario de Hacienda. Pero el monto del aumento aún no se ha definido. Ante la consideración de las cámaras legislativas se encuentra un proyecto de enmiendas técnicas a la Ley 7 que, de convertirse en ley, cambiaría el monto del impuesto.
Según la medida, que está bajo la consideración de la Comisión de Hacienda de la Cámara, se eliminará la disposición original que establecía en la Ley 7 que el aumento en el pago del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) sería de un 100%. Ahora, según el proyecto, el propietario residencial pagará una tasa de 8.83% del valor determinado por el CRIM.
A esos efectos, El Nuevo Día supo que el CRIM tiene preparado un nuevo listado de los valores de las propiedades registradas en su sistema, para utilizarlo como base para determinar el monto de la contribución. El secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, dijo a este diario que el cambio en el aumento tiene el propósito de unificar el impuesto entre todos los municipios.
Como está dispuesto ahora en la Ley, los residentes de los municipios donde la contribución municipal es más alta, terminarían pagando más que los de pueblos con impuestos más bajos.
Con la nueva enmienda “nos aseguramos que todo el mundo va a pagar el mismo porciento”, dijo Puig. El Secretario explicó además que, una vez aprobados los cambios por la Legislatura, Hacienda emitirá una notificación a cada propietario informándole la cantidad del pago que le corresponde y las fechas para efectuarlo.
El pago por concepto de la contribución especial se deberá pagar en septiembre y en marzo, a nombre del Departamento de Hacienda. Asimismo, el contribuyente seguirá pagando la cantidad que le corresponda por concepto del CRIM a esa entidad, en los meses de enero y junio.
En las próximas semanas, también deben finiquitarse las conversaciones con la Asociación de Bancos, para determinar cómo cobrarán las instituciones financieras el impuesto, cuando éste se hace a través del pago mensual de la hipoteca.
En estos casos, anticipó el Secretario, el cobro deberá comenzar en julio, de manera que los bancos puedan comenzar a establecer “el pote” con el cual pagarán la primera contribución a Hacienda en el mes de septiembre.
Esta contribución especial entrará en vigor el 1 de julio de este año y permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2013.
¿Quién tiene que pagar?
Viene obligado a pagar la contribución especial toda propiedad residencial que no sea su residencia principal. Además, aquellas propiedades que, aunque sean su residencia principal, tiene un valor de tasación para efectos del CRIM mayor a los $210,000.
El contribuyente pagará el 8.83% del valor tasado tributable. Esto es adicional a la cantidad que ahora usted paga al CRIM.
¿Cómo pago?
En marzo, el contribuyente pagará al Departamento de Hacienda la mitad de la cantidad correspondiente para ese año y la otra mitad en septiembre.
¿Se ofrecerán descuentos para el pago como los ofrecidos al pagar la contribución municipal?
Sí. En caso de que el contribuyente pague el gravamen en marzo, tendrá un 10% de descuento, si paga en abril el descuento será de 5%.
¿Cuál será el efecto del aumento en el impuesto
sobre la propiedad en las propiedades para alquiler?
- Por: Ing. Migdoel Rodríguez, SRA (Tasador y Consultor de Bienes Raíces)
Vocal de la Junta de Directores de la AABI
La contestación a esa pregunta inicial es sencilla. Cualquier aumento en los gastos operacionales que disminuya los ingresos que produce una propiedad que genera ingresos también disminuirá el valor de la propiedad si éste no se puede pasar a los inquilinos. También es fácil deducir que si no se puede pasar el aumento en el impuesto a los inquilinos, entonces el negocio de alquiler se verá afectado ya que perderá el atractivo de un rendimiento sobre la inversión al éste no ser razonable para el arrendador.
Veamos el siguiente ejemplo para explicar cómo se puede afectar el valor de una propiedad que genera ingresos por medio del alquiler residencial.
- Un edificio de alquiler de apartamentos residenciales tiene 4 unidades que se alquilan en Plan 8 a $500 cada una. Esto equivale a un ingreso bruto de $2,000 mensuales ó $24,000 por año. Si la propiedad tiene gastos operaciones anuales por $4,000 por año, incluyendo el impuesto sobre la propiedad, entonces el ingreso neto será de $20,000 por año.
- Si en el mercado donde está la propiedad que estamos evaluando las propiedades que generan ingresos se venden por 10 veces el ingreso neto entonces el valor de la propiedad se puede estimar en $200,000.
- Suponga ahora que los gastos aumentan a $5,000 debido a la duplicación del impuesto y que las condiciones del mercado no permiten que se aumente la renta a los inquilinos. Esto implica que el ingreso neto se va a reducir a $19,000 y que el valor de la propiedad se va a reducir a $19,000 x 10, o sea a $190,000.
- Por otro lado, supongamos que el arrendador invirtió $20,000 en la compra de la propiedad y que luego del pago de los gastos y de la hipoteca le sobraban $2,000, o sea que la operación de esa propiedad le generaba un rendimiento de 10% sobre la inversión. Un rendimiento quizás mínimo considerando los riesgos que implica una operación de alquiler.
- El aumento en el impuesto le reduce el sobrante a $1,000 lo que a la vez le reduce el rendimiento sobre la inversión a un 5%. Este rendimiento quizás no es tan atractivo y es posible que no sea suficiente estímulo para motivar a los inversionistas a invertir en propiedades similares.
En conclusión, el impacto del aumento en el impuesto sobre la propiedad puede ser considerable. No será extraño calcular reducciones en el rendimiento sobre la inversión de 50% o más. Ahora bien, la pregunta sigue siendo, ¿Podrá el arrendador pasar el aumento a los inquilinos? Los tasadores estaremos observando el mercado muy de cerca una vez se implemente el aumento de forma que podamos estimar el efecto en los valores de las propiedades para alquiler residencial.
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>> El Ingeniero Migdoel Rodríguez, SRA, PE, MBA es el fundador de la firma Appraisal Advisors Group la cual brinda servicios de consultoría y tasación de bienes raíces. Para cualquier pregunta o comentario puede llamar al 787-439-1396, al 787-746-3219, o escribir a aagroup@prtc.net.
¿Cómo afecta la Ley 7 al arrendamiento inmobiliario?
La Ley 7 es una ley discriminatoria contra la industria del arrendamiento inmobiliario al imponerle un 100 por ciento de aumento o doble tributación. Según estudios realizados y presentados en el 2007, se refleja que esta industria aporta a la economía $1,800 millones o el 3.2% del producto bruto de Puerto Rico.
La industria del arrendamiento inmobiliario atiende a un gran sector que no cuenta con propiedades adecuadas, familias que no cuentan con las aportaciones necesarias para adquirir su propio hogar, familias o individuos que no cualifican ante una institución hipotecaria y al sector subsidiado, el más importante, que cada día tiene menos propiedades disponibles.
Muchos arrendadores han asumido un rol social al poner sus propiedades a la disposición de programas subsidiados. El sector de arrendamiento inmobiliario es un sector que no disfruta de exenciones, excepto los ''proyect based'', que es el único dentro de la industria que seguirá exento.
Uno de los mayores daños que podremos ver será en el pago de hipotecas. Muchas familias dedicadas al negocio de arrendamiento e inversionistas, dada la situación económica actual, no tendrán los recursos económicos necesarios para afrontar este impacto contributivo. Las hipotecas aumentarán sus niveles de morosidad en cifras récord, las ejecuciones seguirán un ritmo más acelerado que el actual y, a su vez, llevará a la quiebra a muchos arrendadores. Como consecuencia, se afectará aún más el valor de este tipo de inmueble que ya ha recibido un impacto negativo de hasta un 25 por ciento. El inversionista compra y paga en base al ingreso que produce la propiedad. Si aumentan los costos, aumenta el ''vacancy factor'' (tiempo de unidad o unidades sin rentar), disminuye el ingreso y la propiedad pierde valor.
Estamos en un momento donde los arrendadores se han visto en la obligación de bajar sus rentas para hacerlas atractivas y lograr rentarlas. Esto se ha hecho tomando en consideración los altos costos de vida.
El nuevo aumento que propone la Ley 7, incide en que el valor de la propiedad por ingreso de renta y el rendimiento de la inversión sea menor. Así, el valor de la propiedad se verá afectado y también se afectarán las ventas comparables. El sobrante al vendedor será menor, lo que redundará en una aportación al ''Capital Game Tax'' menor (y un ingreso menor al fisco por venta de propiedad).
Las propiedades de arrendamiento son un producto transitorio que se pone a la disposición de los individuos y las familias para que en un futuro puedan hacerse de su propio hogar. El aumentarle las contribuciones afectará gravemente la industria y producirá menos ingreso al fisco. Esto llevará a muchos arrendadores a retirear sus propiedades de los programas subsidiados, como Plan 8, ya que estos programas no pueden asumir dichos aumentos y los arrendadores se verán en la obligación de mover las unidades al mercado privado o libre.
Buscando representar a los arrendadores del País, el Comité de Legislación de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles (AABI) presentó ante el Senado, la Cámara y la Comisión de Hacienda de la Cámara un informe detallado del impacto devastador que tendrá la Ley 7 en esta industria. Además, hemos presentado alternativas que pueden mejorar las aportaciones al fisco y, por tanto, ayudar a mejorar la calidad de vivienda para muchas familias que no pueden contar con un techo propio.
Recomendamos al ejecutivo, una vez más, que evalúe las repercusiones que traerá esta nueva contribución.
- Por Milton Serrano, Jr.
Publicado en Bienes Raíces, Clasificados El Nuevo Día (3.mayo.09)
La Ley 7 es una ley discriminatoria contra la industria del arrendamiento inmobiliario al imponerle un 100 por ciento de aumento o doble tributación. Según estudios realizados y presentados en el 2007, se refleja que esta industria aporta a la economía $1,800 millones o el 3.2% del producto bruto de Puerto Rico.
La industria del arrendamiento inmobiliario atiende a un gran sector que no cuenta con propiedades adecuadas, familias que no cuentan con las aportaciones necesarias para adquirir su propio hogar, familias o individuos que no cualifican ante una institución hipotecaria y al sector subsidiado, el más importante, que cada día tiene menos propiedades disponibles.
Muchos arrendadores han asumido un rol social al poner sus propiedades a la disposición de programas subsidiados. El sector de arrendamiento inmobiliario es un sector que no disfruta de exenciones, excepto los ''proyect based'', que es el único dentro de la industria que seguirá exento.
Uno de los mayores daños que podremos ver será en el pago de hipotecas. Muchas familias dedicadas al negocio de arrendamiento e inversionistas, dada la situación económica actual, no tendrán los recursos económicos necesarios para afrontar este impacto contributivo. Las hipotecas aumentarán sus niveles de morosidad en cifras récord, las ejecuciones seguirán un ritmo más acelerado que el actual y, a su vez, llevará a la quiebra a muchos arrendadores. Como consecuencia, se afectará aún más el valor de este tipo de inmueble que ya ha recibido un impacto negativo de hasta un 25 por ciento. El inversionista compra y paga en base al ingreso que produce la propiedad. Si aumentan los costos, aumenta el ''vacancy factor'' (tiempo de unidad o unidades sin rentar), disminuye el ingreso y la propiedad pierde valor.
Estamos en un momento donde los arrendadores se han visto en la obligación de bajar sus rentas para hacerlas atractivas y lograr rentarlas. Esto se ha hecho tomando en consideración los altos costos de vida.
El nuevo aumento que propone la Ley 7, incide en que el valor de la propiedad por ingreso de renta y el rendimiento de la inversión sea menor. Así, el valor de la propiedad se verá afectado y también se afectarán las ventas comparables. El sobrante al vendedor será menor, lo que redundará en una aportación al ''Capital Game Tax'' menor (y un ingreso menor al fisco por venta de propiedad).
Las propiedades de arrendamiento son un producto transitorio que se pone a la disposición de los individuos y las familias para que en un futuro puedan hacerse de su propio hogar. El aumentarle las contribuciones afectará gravemente la industria y producirá menos ingreso al fisco. Esto llevará a muchos arrendadores a retirear sus propiedades de los programas subsidiados, como Plan 8, ya que estos programas no pueden asumir dichos aumentos y los arrendadores se verán en la obligación de mover las unidades al mercado privado o libre.
Buscando representar a los arrendadores del País, el Comité de Legislación de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles (AABI) presentó ante el Senado, la Cámara y la Comisión de Hacienda de la Cámara un informe detallado del impacto devastador que tendrá la Ley 7 en esta industria. Además, hemos presentado alternativas que pueden mejorar las aportaciones al fisco y, por tanto, ayudar a mejorar la calidad de vivienda para muchas familias que no pueden contar con un techo propio.
Recomendamos al ejecutivo, una vez más, que evalúe las repercusiones que traerá esta nueva contribución.